El derecho al agua, reconocido por Naciones Unidas, se pone en entredicho cuando se plantea privatizar su gestión. La "Iniciativa Ciudadana Europea por el agua" (que representa a la sociedad civil y a la comunidad científica) aúna esfuerzos y argumentos para evitarlo. Por ello han realizado un llamamiento a la Comisión Europea para que evalúe la compatibilidad de la política hidrológica española con los objetivos de la Directiva Marco del Agua.
Estos colectivos insisten en el importante papel que juega la participación ciudadana en la aplicación de la Política Europea del Agua, como instrumento fundamental para asegurar la protección de las aguas.
La privatización del servicio de abastecimiento es una operación que se viene practicando en las últimas décadas y de la que intervienen constructoras, bancos y otros poderosos entes y multinacionales que operan aquí como al otro lado del Atlántico concentrando en unas pocas manos un gran poder. El fenómeno no es una decisión local sino que se induce desde los altos grupos de presión hacia los responsables políticos.
Plataformas ciudadanas, ecologistas, partidos de izquierda y hasta sindicatos se oponen a que la gestión del agua, cada vez más y de la forma como se está haciendo, sea privatizada.
