Ordenan el territorio

La Junta de Castilla y León pretende aprobar, para lo que cuenta con el apoyo del PSOE, una ley "de ordenación del territorio" que no es tal, es una ley para "la gestión administrativa".

Los políticos regionales han redactado una ley para demostrarnos que carecen de una idea de la realidad en la que viven las distintas provincias, comarcas que las conforman y las personas que las habitan. El modelo no resuelve los problemas estructurales de naturaleza económica y social, así como la resolución de los desequilibrios territoriales y de despoblación.

Entonces, ¿para qué tanto interés en sacar esta ley?. Pues como todo lo que se ha hecho en nuestro país en los dos o tres últimos años: para adelgazar las administraciones, para que éstas sean más pequeñas, tengan menos gastos, menos compromisos, menos presupuesto y éste no salga de los bolsillos más llenos. En resumen: “la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera”, lo mismo que busca el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (impulsado por el Gobierno de España), por ejemplo dando los primeros pasos para que los bosques acaben en manos de fondos de inversión.

Además de orientar el futuro de las administraciones más cercanas a los administrados en un sentido erróneo, nuestros dirigentes siguen perdiendo el tiempo en vez de abordar con seriedad el futuro de la Administración como los administrados queremos; en el que la solidaridad, la equidad y el bienestar de los ciudadanos primen sobre cualquier otro objetivo.

La propuesta oficial, alejada de los ciudadanos y ajena a la compleja y difícil realidad geográfica de la región, cuenta con el apoyo del PSOE ya que se garantiza la continuidad de todos los ayuntamientos, su viabilidad y, lo que es más importante, la garantía de la prestación de los servicios públicos esenciales que tienen encomendados por ley los municipios, que podrán hacerlos además, en condiciones de calidad similar puesto que establece la fórmula de la agrupación voluntaria de municipios como la más factible y operativa para que los pueblos puedan ofrecer esos servicios sin menoscabo de sus finanzas (de este forma nos lo presentan).

También el Consejo de Estado ha avalado el modelo de ordenación, la existencia de mancomunidades de interés general o asociación voluntaria de municipios para las prestación con calidad de los servicios municipales, si bien considera que los límites economicistas pretendidos por la ley estatal vacían de competencias a los municipios en favor de las diputaciones.